Delito contra la salud pública y prueba indiciaria: requisitos de la condena y principales nulidades invocables en el proceso penal

Resumen. La respuesta a si cabe condenar por un delito contra la salud pública con prueba indiciaria es afirmativa: el Tribunal Supremo la admite de forma constante, y en el elemento subjetivo del tipo (el destino al tráfico) es el medio probatorio ordinario. Esa condena exige, sin embargo, que los hechos-base estén plenamente acreditados, que la inferencia sea lógica y esté expresada, y que la prueba haya sido obtenida con respeto a los derechos fundamentales. De ahí que el estudio de la prueba indiciaria no pueda separarse del régimen de nulidades: si el hecho-base procede de una intervención telefónica o de un registro viciados, desaparece el indicio. Este artículo expone ambas cuestiones con apoyo en la jurisprudencia recogida en la base de resoluciones del despacho y en la legislación vigente.

I. Planteamiento

El art. 368 CP castiga a quienes «ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines». Prevé prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga si la sustancia causa grave daño a la salud, y prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. Su párrafo segundo permite imponer la pena inferior en grado «en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable», salvo que concurran las circunstancias de los arts. 369 bis y 370.

Dos rasgos del tipo explican por qué la prueba indiciaria es determinante:

• Es un delito de peligro abstracto. La STSJ Extremadura 1167/2026 lo recuerda al citar la doctrina del Supremo: el tráfico de drogas lesiona el bien jurídico de forma abstracta, pero la respuesta penal exige que la conducta lo ponga en peligro, por lo que no se castiga la mera desobediencia.
• Incluye un elemento subjetivo tendencial: el destino de la sustancia al tráfico. La SAP Málaga 2084/2026 lo enumera junto al elemento objetivo (actos de producción, venta, permuta o cualquier forma de tráfico, transporte o tenencia con destino al tráfico) y al objeto material (sustancias de las listas de los convenios internacionales, distinguiendo las que causan grave daño a la salud de las que no). Añade que, para la consumación, es suficiente que la sustancia haya quedado sujeta a la voluntad del destinatario, sin necesidad de contacto físico ni de posesión material.

II. La prueba indiciaria: fundamento y requisitos

1. Fundamento constitucional

El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) no se opone a que la convicción judicial se forme sobre prueba indiciaria. La STS 797/2017, reproducida en la STS 286/2023, describe el control que el Supremo realiza cuando se invoca aquel derecho. Comprueba si la condena se funda en:

• una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito;
• una prueba constitucionalmente obtenida, esto es, no lesiva de otros derechos fundamentales, lo que permite analizar la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la conexión de antijuridicidad entre ellas;
• una prueba legalmente practicada, con respeto al proceso con todas las garantías; y
• una prueba racionalmente valorada, de la que pueda inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado.

Este esquema es útil porque ubica las nulidades dentro del propio juicio de suficiencia: la prueba que no supera el segundo o el tercer filtro no puede servir de hecho-base.

2. Requisitos de la prueba indiciaria

La misma resolución recuerda que, en ausencia de prueba directa, es posible recurrir a la prueba circunstancial, indirecta o indiciaria, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

«a) el hecho o los hechos base (indicios) han de estar plenamente probados; b) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base; c) para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso que el órgano judicial exteriorice los indicios y que aflore el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia; y d) este razonamiento debe estar asentado en las reglas del criterio humano o de la experiencia común.»

La STS 3780/2019 añade una precisión sobre su naturaleza: se nutre de la concatenación de indicios que por sí solos no servirían para condenar, pero cuya suma lleva a la convicción de la autoría, lo cual se admite porque en muchos supuestos no existe prueba directa. La define, citando a la doctrina, como la suma enlazada y no desvirtuada de una serie de datos que permiten llegar al hecho consecuencia mediante un explícito juicio de inferencia, siempre en términos de «certeza más allá de toda duda razonable».

Dos consecuencias prácticas se derivan de esta doctrina:

• La prueba indiciaria no relaja el estándar probatorio. La STS 286/2023, citando la STS 91/2014 a propósito del blanqueo, subraya que no hay relajación de las exigencias probatorias sino otra forma de probar capaz de alcanzar el mismo grado de certeza objetiva.
• El control casacional se limita a la estructura racional del juicio: el Supremo verifica que se han observado las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos, pero no sustituye la valoración de pruebas directas como las testificales o periciales, siempre que el tribunal de instancia dispusiera de prueba de cargo suficiente y válida y la valorase razonablemente.

III. Aplicación al art. 368 CP

1. El destino al tráfico

La STSJ Extremadura 1167/2026 transcribe la doctrina de la STS 807/2021, que sistematiza seis reglas:

1. El destino al tráfico integra el tipo y debe ser acreditado por la acusación, normalmente a través de prueba indiciaria, tanto desde la perspectiva de la presunción de inocencia como desde la de la subsunción mediante el «juicio de inferencia».
2. El destino de la sustancia solo debe plantearse si hay indicios relevantes de que el tenedor es consumidor; si no concurre dato alguno que lo avale, debe deducirse su destino al tráfico según las reglas básicas de la experiencia.
3. La condición de consumidor no excluye de forma absoluta el destino al tráfico: se valoran las demás circunstancias, singularmente la cantidad.
4. Para acreditarlo en función de la cantidad, sin acción de transmisión a terceros, se utilizan baremos orientativos basados en el consumo medio y en los días de provisión habituales de un consumidor.
5. La doctrina ha fijado que el destino al tráfico debe inferirse cuando la droga aprehendida excede del acopio medio de un consumidor durante cinco días. Para la cocaína se toma un consumo medio diario de aproximadamente 1,5 gramos, lo que conduce a inferir la finalidad de tráfico en tenencias superiores a 7,5 gramos. La cantidad se reduce a droga pura.
6. El destino al tráfico puede inferirse aunque la cantidad no supere el baremo, en función de otros indicios.

El mismo apartado 6 enumera esos indicios, que se sintetizan en la tabla siguiente.

La contrapartida está en la SAP Málaga 3064/2020, que absolvió y reproduce la STS 1142/2001: si se trata de una cantidad pequeña poseída por quien consume esa sustancia, cuando no hay otros indicios no será posible afirmar el destino al tráfico, y si la cantidad es de varios gramos, con este único dato a veces quedará la duda y también habría que absolver. La carga de la prueba de los indicios, por tanto, sigue correspondiendo a la acusación.

2. La autoría y la participación en actos de tráfico

Los actos de tráfico suelen tener lugar de forma oculta o clandestina, y es la prueba circunstancial la que, a partir de reglas de la lógica y principios de experiencia, lleva a la convicción sobre la actividad de los acusados (SAP Málaga 3755/2025, que cita la STS de 31 de octubre de 1996). Los supuestos más habituales son:

• Venta a pequeña escala. La STS 2368/2021 desestimó el motivo de presunción de inocencia frente a una condena por tráfico de cocaína sin ocupación de sustancia al acusado. Valoró la declaración de los agentes que presenciaron, en dos ocasiones, el intercambio con terceras personas; la de otros agentes que interceptaron a los compradores inmediatamente después y ocuparon las dosis recién adquiridas; y el análisis científico de la sustancia. Concluyó que la inferencia de que el recurrente había vendido esas dosis responde a la lógica y a las máximas de experiencia. En la misma resolución se aplicó el subtipo atenuado del art. 368, párrafo segundo, y se recuerda su doctrina: la escasa entidad concurre, entre otros supuestos, cuando se trata de la venta aislada de alguna papelina con una cantidad reducida, «el último escalón del tráfico», y el precepto se refiere a la escasa gravedad del hecho, no solo a la cantidad.
• Organizaciones. La SAP Málaga 2084/2026 condena a quien dirigía un grupo a partir de un hecho acreditado (el cultivo de marihuana para su venta posterior) y de las conversaciones telefónicas intervenidas, que revelan las instrucciones a los demás miembros, la colocación de la droga y la planificación de adquisiciones y de actuaciones contra otros grupos.
• Comunicaciones cifradas. La STS 286/2023 recoge, entre los hechos probados, el uso de un lenguaje velado y críptico en conversaciones intervenidas para eludir el objeto de los tratos. La inferencia se construye sobre ese contexto.

Respecto de la droga no aprehendida, no hemos localizado en la base una resolución que sostenga una condena sin ocupación de sustancia alguna. En abstracto, la doctrina expuesta no lo impide, y la SAP Málaga 2084/2026 admite la consumación sin posesión material. El punto crítico sería acreditar con suficiencia la naturaleza tóxica de lo traficado. Esta apreciación es nuestra y debe contrastarse con la jurisprudencia específica antes de utilizarla.

3. Límites y estrategia de defensa

La defensa puede operar en tres niveles, de menor a mayor alcance:

1. Los hechos-base. Cada indicio debe estar «plenamente probado». Cuestionar su existencia, su fiabilidad o su valoración es la vía más directa.
2. La inferencia. El tribunal debe exteriorizar el razonamiento. Una explicación alternativa razonable, respaldada por contraindicios, debilita la conclusión. La STS 3191/2020, en un supuesto de blanqueo, muestra el contrapeso: cuando existe prueba directa de los elementos objetivos y prueba indiciaria constitucionalmente válida sobre la participación, la ausencia de una explicación alternativa plausible por parte del acusado refuerza la convicción racionalmente deducida.
3. La licitud del hecho-base. Si el indicio procede de una diligencia nula, no puede formar parte del juicio de inferencia. Este es el puente con la parte siguiente.

IV. Las nulidades: marco general y oportunidad procesal

1. Tres categorías

Conviene distinguir tres planos, con régimen y efectos distintos:

2. Cauce y momento

• Audiencia preliminar. El art. 785.1 LECrim, en la redacción dada por la LO 1/2025 (en vigor desde el 3 de abril de 2025), permite a las partes plantear, antes del juicio, la «vulneración de algún derecho fundamental», la «nulidad de actuaciones» y la «nulidad de las pruebas propuestas». Contra lo resuelto no cabe recurso, pero cabe la protesta y la reproducción de la cuestión en el recurso contra la sentencia, salvo que la resolución ponga fin al procedimiento.
• Recursos. Conforme al art. 240.1 LOPJ, la nulidad de pleno derecho y los defectos de forma que determinen indefensión se hacen valer por los recursos legalmente establecidos contra la resolución de que se trate. En casación, la infracción de precepto constitucional puede alegarse por el art. 852 LECrim, con las limitaciones que el Supremo aplica a la casación contra sentencias dictadas en apelación por las Audiencias, donde solo cabe el art. 849.1 y las normas constitucionales se invocan para reforzar la infracción de la norma sustantiva (STS 2032/2026).
• Incidente de nulidad. El art. 241 LOPJ lo configura como excepcional: solo para vulneraciones de derechos fundamentales del art. 53.2 CE que no hayan podido denunciarse antes y cuando la resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario. El plazo es de 20 días desde la notificación o desde que se conoció el defecto, con el límite de cinco años. Si se desestima, se imponen las costas.
• Oportunidad. Los tribunales exigen que la cuestión se plantee en tiempo. La SAP Málaga 4536/2025 apuntó que una cuestión planteada solo en el informe final «bien pudo haber sido alegado en el trámite de cuestiones previas». Por otra parte, la SAP Málaga 2964/2025 reconoce la dificultad de resolver al inicio del juicio las nulidades que dependen de la valoración conjunta, y admite diferir la solución a la sentencia.

V. Las principales nulidades

1. Intervenciones telefónicas y telemáticas (art. 18.3 CE)

Normativa. Los arts. 588 bis a) a 588 bis k) y 588 ter a) y siguientes LECrim. La medida exige autorización judicial con sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (art. 588 bis a), mediante auto motivado que concrete, al menos, el hecho punible y los indicios racionales, los investigados, la extensión, la unidad investigadora, la duración y la finalidad (art. 588 bis c). La duración máxima inicial es de tres meses, prorrogables por períodos iguales hasta dieciocho (art. 588 ter g). Las prórrogas exigen solicitud con informe del resultado y auto motivado (arts. 588 bis e y f). El art. 588 ter a) la limita a los delitos del art. 579.1 o cometidos a través de instrumentos informáticos o de comunicación, y el art. 588 ter i) regula el acceso de las partes a las grabaciones.

Motivos más frecuentes de nulidad.

• Falta de indicios objetivos o prospección. La STS 2273/2024 recuerda que no bastan simples sospechas, hipótesis o conjeturas: se exige que las sospechas estén objetivadas, es decir, accesibles a terceros para que sean susceptibles de control, y apoyadas en una base real de la que pueda inferirse que se ha cometido o se va a cometer el delito.
• Falta o insuficiencia de motivación del auto inicial o de las prórrogas.
• Vulneración de los principios de especialidad, necesidad y proporcionalidad.
• Falta de control judicial del desarrollo de la medida.
• Utilización de información de otro procedimiento o descubrimientos casuales (art. 588 bis i, que remite al art. 579 bis LECrim).

Doctrina favorable a la validez. La defensa debe valorar también la doctrina adversa:

• La STS 2273/2024 admite la motivación por remisión cuando la solicitud policial o el informe del Ministerio Fiscal contiene todos los elementos para el juicio de proporcionalidad, aunque no sea una técnica modélica.
• La STS 286/2023, que recoge las SSTS 797/2017, 298/2020 y 49/2021, explica que los indicios que legitiman la medida no son los de una sentencia condenatoria ni los de un auto de procesamiento. Basta con «buenas razones», sin necesidad de una «mini-instrucción» previa ni de comprobar cada dato policial. Si los indicios resultan después desvirtuados o equívocos, no se anula la intervención que ex ante debía considerarse fundada.

Efecto. La SAP Málaga 4439/2013 es un ejemplo de estimación en un procedimiento por tráfico de drogas: declaró nula la primera intervención por «inmotivada», con vulneración del secreto de las comunicaciones, y extendió la ilicitud a las prórrogas y, por conexión, a las intervenciones derivadas. La sentencia absolvió a uno de los acusados y condenó a otros por el delito contra la salud pública.

2. Entrada y registro en domicilio (art. 18.2 CE)

Normativa. El art. 18.2 CE protege el domicilio y solo permite la entrada o el registro con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito. La LECrim exige que el auto sea «siempre fundado» y exprese concretamente el edificio o lugar cerrado, si tendrá lugar solo de día y la autoridad o funcionario que lo practicará (art. 558). Debe notificarse al interesado (art. 566) y practicarse en su presencia o la de su representante, o, en su defecto, de un familiar mayor de edad o de dos testigos, y siempre en presencia del Secretario judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia, que levantará acta (art. 569).

Motivos de nulidad.

• Ausencia o insuficiencia del auto habilitante, o de motivación sobre los indicios que lo justifican.
• Consentimiento viciado o ausencia de consentimiento válido de quien tenga la titularidad del domicilio.
• Defectos en la práctica del art. 569: falta de la presencia exigida o del acta.
• Extralimitación respecto del lugar o de los objetos autorizados.
• Domicilio de personas jurídicas. La STS 4387/2022 recuerda que la protección del art. 18 CE se proyecta sobre el investigado, persona física o jurídica, en los términos del art. 554.4 LECrim, y que una ley ordinaria, como la de Inspección de Trabajo, es inhábil por sí sola para fundamentar una injerencia en un espacio constitucionalmente protegido. Esa misma sentencia rechazó la nulidad porque la entidad no era acusada y el hallazgo se produjo en el marco de una investigación inicial. La STC 54/2015, por su parte, reconoció a una sociedad el derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE.
• Hallazgo casual y flagrancia. Pueden romper la conexión de antijuridicidad.

Efecto. Según la STSJ Canarias 3077/2021, cuando lo conculcado es la inviolabilidad del domicilio, «no podrá ser valorado el hallazgo mismo obtenido por tal espuria fuente».

3. Derecho de defensa y asistencia letrada del detenido (arts. 17.3 y 24.2 CE)

Normativa. El art. 520 LECrim exige informar al detenido por escrito, de forma inmediata y comprensible, de los hechos y de sus derechos (apartado 2). Entre ellos están guardar silencio, no declarar contra sí mismo, designar abogado y ser asistido sin demora injustificada, y acceder a los elementos de las actuaciones esenciales para impugnar la detención. El abogado designado debe acudir al centro de detención con la máxima premura y siempre en el plazo máximo de tres horas desde el encargo (apartado 5). La asistencia incluye intervenir en las declaraciones y reconocimientos y entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de declarar (apartado 6).

Motivos de nulidad.

• Falta de información de derechos o información incomprensible.
• Declaración policial o judicial sin letrado, o sin entrevista reservada previa.
• Demora injustificada en la comparecencia del abogado.
• Detención sin concurrir los presupuestos legales habilitantes.

Jurisprudencia constitucional. La STC 103/2022 estimó el amparo por vulneración del art. 17.1 y 3 CE, en su faceta del derecho a la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales. La STC 22/2022 apreció vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.1 y 4 CE) y anuló los autos recurridos, en un supuesto en el que se discutía, entre otras cuestiones, la dilación en permitir la entrevista con la letrada designada.

Efecto. La declaración obtenida con infracción de estas garantías no puede ser valorada como prueba de cargo. Su proyección sobre las pruebas derivadas dependerá del análisis de conexión de antijuridicidad.

4. Prueba derivada: conexión de antijuridicidad

El art. 11.1 LOPJ prohíbe valorar las pruebas obtenidas «directa o indirectamente» con vulneración de derechos fundamentales. La STSJ Canarias 3077/2021 expone la evolución de la doctrina:

• Criterio clásico, expansivo. Con cita de la jurisprudencia del Supremo de 1997, afirma que «los frutos del árbol envenenado deben estar, y están (art. 11.1 de la L.O.P.J.), jurídicamente contaminados», y que solo pueden valorarse las pruebas independientes, sin conexión causal con la ilícita.
• Doctrina del Tribunal Constitucional desde la STC 81/1998. El efecto anulatorio no deriva sin más de la conexión causal o natural, sino de la conexión jurídica o de antijuridicidad. Exige un examen que combina una perspectiva interna (la índole y características de la vulneración y el conocimiento adquirido a través de ella) y una perspectiva externa (las necesidades esenciales de tutela del derecho conculcado). Solo si la prueba refleja es jurídicamente ajena a la vulneración y la prohibición de valorarla no la exige la tutela del derecho cabrá su valoración.
• Supuestos de desconexión. La resolución menciona el hallazgo casual, el descubrimiento inevitable, la flagrancia delictiva, la fuente independiente, el vínculo atenuado y la ponderación de intereses.

Es el momento procesal más técnico de la defensa: no basta con declarar nula la diligencia inicial; hay que argumentar la cadena de dependencia hasta cada prueba que se pretende expulsar, y la acusación intentará acreditar una desconexión.

5. Otras medidas de investigación tecnológica

• Captación de comunicaciones orales directas (arts. 588 quater a a e LECrim). La STC 99/2021 denegó el amparo en un supuesto en el que se impugnaba la colocación de dispositivos de escucha en vehículos. La resolución recurrida, que la sentencia reproduce, había comprobado que los autos concretaban el lugar, los sujetos y el tiempo (las «concreciones locativa, subjetiva y temporal») y había descartado por ello la conexión de antijuridicidad con el resto del material probatorio.
• Grabaciones realizadas por un interlocutor. La STS 4268/2024 recuerda su doctrina consolidada: la grabación de una conversación por uno de los interlocutores, aunque sea subrepticia, no vulnera el secreto de las comunicaciones porque el mensaje no ha sido interferido por un tercero. En esa resolución, el Supremo estimó parcialmente el recurso del Ministerio Fiscal contra una declaración de «nulidad radical» de lo actuado desde el inicio de la instrucción, acordada por la Audiencia con fundamento, entre otros motivos, en el carácter subrepticio de esas grabaciones. De ello se desprende que la nulidad exige identificar el derecho vulnerado, la diligencia afectada y el vínculo causal con cada prueba.

6. Cadena de custodia

La cadena de custodia no pertenece, según el Supremo, al plano de la licitud sino al de la fiabilidad de la prueba pericial. La STS 4652/2025, de 22 de octubre, lo resume en estos términos:

«No es presupuesto de validez sino de fiabilidad. Cuando se rompe la cadena de custodia no nos adentramos en el campo de la ilicitud o inutilizabilidad probatoria, sino en el de la menor fiabilidad (menoscabada o incluso aniquilada) por no haberse respetado algunas garantías.»

La irregularidad formal (numeración, ausencia de precinto, retraso en la remisión al laboratorio) no equivale a ruptura relevante (STS 286/2023, STS 3699/2015). La parte que impugna debe identificar el eslabón afectado, justificar su incidencia sobre la identidad de lo analizado y plantearlo en tiempo, porque rige una presunción de regularidad. Este asunto se desarrolla en nuestro estudio específico sobre la cadena de custodia en los delitos contra la salud pública.

7. Nulidad de actuaciones por indefensión (art. 238.3 LOPJ)

Es la cláusula residual: son nulos los actos procesales cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento y por ello haya podido producirse indefensión. Tres reglas condicionan su alcance:

• Exige indefensión material, no meramente formal.
• Debe denunciarse por los cauces del art. 240 LOPJ, y el tribunal no puede decretar de oficio, con ocasión de un recurso, una nulidad que no se haya solicitado en él, salvo falta de jurisdicción o competencia o violencia o intimidación (art. 240.2).
• Cuando la resolución firme no admita recurso, solo cabe el incidente excepcional del art. 241 LOPJ.

VI. Síntesis

VII. Conclusiones

1. La prueba indiciaria es constitucionalmente válida para enervar la presunción de inocencia en los delitos contra la salud pública, y en la acreditación del destino al tráfico es el medio habitual.
2. Exige hechos-base plenamente probados, una inferencia lógica y exteriorizada, y la ausencia de explicaciones alternativas razonables. No relaja el estándar de la duda razonable.
3. En el destino al tráfico, los baremos de consumo (cinco días de acopio; 7,5 g de cocaína) son orientativos. Puede inferirse el tráfico con cantidades inferiores si concurren otros indicios, y la pequeña cantidad poseída por un consumidor sin otros indicios conduce a la absolución.
4. La defensa debe examinar la licitud de cada hecho-base: una intervención telefónica sin indicios objetivos o inmotivada, un registro sin auto fundado o una declaración sin letrado pueden hacer desaparecer el indicio y, por conexión, las pruebas derivadas.
5. No toda irregularidad es nulidad. La jurisprudencia distingue entre la ilicitud, que impide valorar, y la irregularidad de legalidad ordinaria, como la cadena de custodia, que solo afecta a la fiabilidad.
6. La estrategia exige oportunidad: plantear las nulidades en la audiencia preliminar del art. 785.1 LECrim, formular protesta y reproducirlas en el recurso, y argumentar de forma individualizada la conexión de antijuridicidad.

Normativa y jurisprudencia citada

Normas: Constitución Española, arts. 17, 18 y 24; LO 10/1995 (CP), arts. 368, 369, 369 bis y 370; LO 6/1985 (LOPJ), arts. 11, 238, 240 y 241; LECrim, arts. 520, 558, 566, 569, 579 bis, 588 bis a–k, 588 ter a, g e i, 588 quater a–e, 785, 849 y 852; LO 1/2025, de 2 de enero.

Resoluciones: STS 286/2023, de 12/01/2023 · STS 2368/2021, de 01/06/2021 · STS 3780/2019, de 12/11/2019 · STS 3191/2020, de 14/10/2020 · STS 2273/2024, de 19/04/2024 · STS 4268/2024, de 22/07/2024 · STS 4387/2022, de 11/11/2022 · STS 4652/2025, de 22/10/2025 · STS 2032/2026, de 22/04/2026 · STSJ Extremadura 1167/2026, de 22/09/2026 · STSJ Canarias 3077/2021, de 25/11/2021 · SAP Málaga 4439/2013, de 26/11/2013 · SAP Málaga 3064/2020, de 31/07/2020 · SAP Málaga 3755/2025, de 22/09/2025 · SAP Málaga 2964/2025, de 08/05/2025 · SAP Málaga 4536/2025, de 01/10/2025 · SAP Málaga 2084/2026, de 05/03/2026 · STC 54/2015, de 16/03/2015 · STC 99/2021, de 10/05/2021 · STC 22/2022, de 21/02/2022 · STC 103/2022, de 12/09/2022.

Este artículo es informativo y no sustituye al asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.

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Dr. Álvaro Heredia Lara. Abogado penalista, colegiado n.º 10.846 del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.