Falsificación de Cuentas y Auditores en Marbella

El delito contable del art. 310 CP: una figura autónoma y diferenciada

Frente al artículo 290 CP, que protege el patrimonio de la sociedad, de los socios o de terceros, el artículo 310 CP se ubica sistemáticamente entre los delitos contra la Hacienda Pública y castiga, con pena de prisión de cinco a siete meses, al obligado tributario que incumple absolutamente su deber de llevar contabilidad mercantil, lleva doble contabilidad para una misma actividad y ejercicio, omite anotar operaciones en los libros obligatorios, o practica en ellos anotaciones ficticias. Para las dos últimas modalidades, el precepto exige además que la cuantía de los cargos o abonos omitidos o falseados —sin compensación aritmética entre ellos— supere los 240.000 euros por ejercicio económico, y que dicha falsedad contable se haya trasladado a las declaraciones tributarias presentadas o determinado su omisión. Se trata, por tanto, de una figura autónoma que puede concurrir de forma independiente con la falsedad societaria del artículo 290 CP cuando unos mismos hechos —la manipulación de la contabilidad de una sociedad— proyectan un doble desvalor: hacia el patrimonio social y hacia la Hacienda Pública.

El momento de consumación: una cuestión técnica decisiva

La jurisprudencia ha fijado con precisión el momento en que se consuma el delito de falsedad de cuentas anuales, extremo que trabajamos de forma sistemática por su incidencia directa en el cómputo de la prescripción y en la calificación de la participación de terceros:

"...el delito del artículo 290 se consuma cuando las cuentas, ya elaboradas y, en su caso, auditadas, inician su camino para la presentación a los socios que han de aprobarlas."

Esta doctrina tiene una consecuencia procesal de primer orden: la aprobación o el rechazo posterior de las cuentas por la Junta General resulta jurídicamente irrelevante a efectos de la consumación, que ya se ha producido con anterioridad. Y, en sentido inverso, la firma de las cuentas por los administradores u otros intervinientes con posterioridad a ese momento no puede calificarse como un acto de cooperación necesaria al delito, por ser ya, en ese instante, un hecho consumado. Se trata de una precisión técnica que, correctamente empleada, puede excluir la responsabilidad de personas cuya intervención se sitúa cronológicamente después del punto de consumación.

La responsabilidad penal del auditor de cuentas: nunca autor, solo partícipe

Una de las cuestiones más debatidas y de mayor repercusión mediática en esta materia —singularmente a raíz de grandes procedimientos como el del caso Pescanova— es el alcance de la responsabilidad penal del auditor externo cuyo informe valida unas cuentas que después resultan falsas. La doctrina y la jurisprudencia coinciden en un punto de partida: el auditor no puede ser autor del delito del artículo 290 CP, por no ostentar la condición de administrador de hecho o de derecho que el tipo exige, ni constituir su informe uno de los documentos sociales expresamente contemplados por el precepto. Su responsabilidad, cuando existe, se articula exclusivamente a título de partícipe extraneus —inductor, cooperador necesario o cómplice—, y exige la acreditación rigurosa de su dolo:

"...la resolución recurrida no detalla ni precisa, en los hechos probados, la comisión dolosa del delito."

En esta resolución, el Tribunal Supremo revocó la condena que la Audiencia Nacional había impuesto al auditor externo, precisamente por no quedar suficientemente acreditado en el relato de hechos probados el conocimiento efectivo de la falsedad —frente a un mero incumplimiento negligente de la lex artis profesional, insuficiente para sustentar responsabilidad penal—. Esta doctrina constituye una de nuestras líneas defensivas centrales cuando representamos a profesionales de la auditoría o de la asesoría contable: la mera existencia de un informe de auditoría posteriormente desmentido por los hechos no implica, por sí sola, responsabilidad penal, si no se acredita el conocimiento cierto de la falsedad en el momento de emitir el informe.

La pericial contable como prueba central

Tanto para sostener la acusación —en nuestra actuación como acusación particular de socios minoritarios o de la propia sociedad perjudicada— como para articular la defensa del administrador o del profesional contable investigado, la pericial contable resulta la prueba determinante en estos procedimientos: reconstrucción de la contabilidad real frente a la presentada, cálculo técnico de la idoneidad lesiva del falseamiento, y verificación de si la información disponible para el auditor en el momento de emitir su informe permitía, con la diligencia profesional exigible, detectar la irregularidad. Contamos con peritos contables y forenses de primer nivel que trabajan de forma coordinada con el letrado desde el inicio del procedimiento, anticipando el análisis técnico que la acusación o la defensa contraria presentarán en el acto del juicio.