Defensa en Homicidios y Asesinatos en Marbella

Las tres modalidades de la alevosía

La jurisprudencia distingue de forma reiterada tres modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa, cada una con su propia exigencia probatoria:

"...a) alevosía proditoria, equivalente a la traición... b) alevosía súbita o inopinada, llamada también 'sorpresiva'... c) alevosía de desvalimiento, que consiste en el aprovechamiento de una especial situación de desamparo de la víctima."

La alevosía proditoria exige acreditar una emboscada, asechanza o trampa previamente dispuesta por el autor. La alevosía súbita o inopinada —la modalidad de mayor aplicación práctica— se centra en el carácter imprevisto, fulgurante y repentino del ataque, incluso cuando el autor se encontraba a la vista de la víctima, siempre que esta no esperase la agresión ni pudiera prepararse frente a ella. Y la alevosía de desvalimiento exige el aprovechamiento consciente de una situación de desamparo absoluto —niños de corta edad, personas dormidas, inconscientes o gravemente incapacitadas—, sin que sea necesario que el autor haya buscado deliberadamente dicha situación, bastando con que se aproveche de ella en el momento de actuar. La jurisprudencia más reciente reconoce además una modalidad convivencial, apreciada cuando el ataque sorpresivo se produce contra quien se halla en el sosiego y resguardo de su propio domicilio, en compañía de una persona con la que mantiene una relación de confianza. Determinar con precisión ante cuál de estas modalidades nos encontramos —y si concurren realmente todos sus elementos objetivos y subjetivos— constituye el eje central de nuestra defensa cuando se imputa esta agravante.

El ensañamiento: dos elementos acumulativos e independientes de la alevosía

El ensañamiento del artículo 139.1.3ª CP exige la concurrencia acumulada de dos elementos que la jurisprudencia exige acreditar de forma autónoma:

"...un elemento objetivo constituido por la causación de males objetivamente innecesarios para alcanzar el resultado típico... y otro subjetivo, que el autor debe ejecutar, de modo consciente y deliberado, unos actos... dirigidos... al aumento del sufrimiento de la víctima."

El elemento objetivo exige que los actos causantes de dolor adicional sean claramente superfluos respecto de la causación de la muerte, y que la víctima se encontrase consciente para percibirlos: si el fallecimiento se produjo con los primeros golpes o heridas, los actos posteriores —por numerosos que sean— no pueden fundamentar el ensañamiento, al no haber generado sufrimiento añadido alguno. El elemento subjetivo exige una verdadera voluntad deliberada de causar ese padecimiento extra, lo que la jurisprudencia ha definido como una "maldad reflexiva" incompatible con el mero ánimo homicida ya consumado en la decisión de matar. La correcta distinción entre el número de heridas necesario para asegurar la ejecución del hecho y el verdaderamente superfluo y dirigido a prolongar el sufrimiento constituye, en consecuencia, un extremo de naturaleza esencialmente pericial forense, que sometemos a contradicción en cada procedimiento de esta naturaleza.

El régimen de la prisión permanente revisable: requisitos de su suspensión

El artículo 140 CP reserva la prisión permanente revisable a los supuestos más graves de asesinato: víctima menor de dieciséis años o especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; comisión por quien pertenece a una organización o grupo criminal; y asesinatos reiterados o cometidos en serie. El artículo 92 CP establece los requisitos para la suspensión de su ejecución: que el penado haya cumplido, con carácter general, veinticinco años de condena efectiva —plazo que se eleva hasta treinta y cinco años en los supuestos más graves del artículo 78 bis CP—; que se encuentre clasificado en tercer grado penitenciario, lo que a su vez exige un mínimo de quince años de cumplimiento efectivo; y que el tribunal pueda fundar, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del delito y los informes de evolución penitenciaria, un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. El Tribunal Constitucional ha declarado esta regulación conforme con la Constitución, precisamente por prever este mecanismo de revisión periódica que garantiza al penado un horizonte de libertad, si bien la primera revisión efectiva de una condena impuesta bajo este régimen no se producirá en España hasta pasado el año 2040.