Defensa en Derecho Penal Económico en Marbella

La administración desleal como núcleo del Derecho Penal Económico (art. 252 CP)

Desde la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, el delito de administración desleal abandonó su antigua ubicación entre los delitos societarios para configurarse como un delito patrimonial autónomo, aplicable a cualquier relación en la que exista un patrimonio ajeno confiado a un tercero por ley, por resolución de la autoridad o por negocio jurídico. Sanciona a quien, teniendo facultades de administración, las infringe excediéndose en su ejercicio y causa con ello un perjuicio al patrimonio administrado, sin que sea necesario que el administrador se enriquezca personalmente ni que se produzca una apropiación definitiva de los bienes.

La jurisprudencia ha depurado con precisión creciente la frontera entre este delito y la apropiación indebida del artículo 253 CP, cuestión de la que depende con frecuencia la calificación jurídica completa del procedimiento:

"...quien incorpora a su patrimonio... una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida."

El criterio diferenciador reside, conforme a esta doctrina, en el carácter definitivo o no de la pérdida patrimonial: la apropiación indebida exige la expropiación definitiva de bienes concretos, mientras que la administración desleal sanciona el abuso de las facultades de gestión sin necesidad de una pérdida irreversible. Nuestra defensa trabaja de forma sistemática esta distinción —determinante para la pena aplicable— y somete a contradicción la existencia real del perjuicio patrimonial, exigencia que la jurisprudencia reciente reclama acreditar con rigor creciente, sin que baste una gestión meramente temeraria o económicamente desacertada.

Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance penal (art. 31 bis CP)

Desde la reforma de 2010, confirmada y depurada por la de 2015, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por los delitos cometidos en su nombre y en su beneficio directo o indirecto por sus administradores o representantes, o por quienes actúan bajo su autoridad cuando ha existido un incumplimiento grave de los deberes de supervisión. La primera sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en esta materia fijó el criterio nuclear que hoy sigue vertebrando toda la defensa corporativa:

"...la ausencia de una cultura de respeto al derecho... ha de manifestarse en alguna clase de formas concretas de vigilancia y control."

De esta doctrina se derivan dos consecuencias que orientan nuestra estrategia de defensa corporativa: la responsabilidad de la empresa no es una responsabilidad vicarial o automática por el hecho de su administrador, sino una responsabilidad propia fundada en el defecto de organización, y corresponde a la acusación acreditar la ausencia de mecanismos de control idóneos, no a la empresa demostrar su inocencia. La existencia de un programa de compliance penal eficaz —identificación de riesgos, protocolos de decisión, órgano de supervisión con poderes autónomos, canal de denuncias, sistema disciplinario y revisión periódica— constituye, en consecuencia, la principal herramienta preventiva y defensiva de toda organización, y su implementación real y verificable, frente a la mera existencia formal de un documento, es el extremo que con mayor frecuencia decide el resultado del procedimiento.

Estudio integral del expediente contable y mercantil

No hay defensa técnica en esta materia sin el dominio completo de la documentación societaria, contable y bancaria del asunto, tarea que exige la lectura personal del letrado antes de fijar cualquier estrategia.

Pericial contable y financiera de descargo

Contamos con peritos especializados en auditoría y contabilidad forense para reconstruir la trazabilidad real de las operaciones investigadas y desmontar, desde el inicio de la causa, las presunciones de la acusación.

Coordinación penal-mercantil-tributaria

La mayor parte de los procedimientos de Derecho Penal Económico presentan una pieza paralela en sede mercantil, concursal o administrativa —calificación del concurso, procedimiento de comprobación tributaria, expediente sancionador— cuya coordinación resulta indispensable para no debilitar la posición del cliente en ninguno de los frentes.

Anticipación al riesgo penal

Intervenimos con frecuencia antes de que el procedimiento penal se formalice, en fase de auditoría interna, inspección o due diligence, para diseñar la estrategia de defensa y, cuando corresponde, articular vías de regularización o reparación que eviten o atenúan la responsabilidad penal.