El Procedimiento de Extradición Pasiva en Marbella

La detención preventiva: las primeras 24 horas y el plazo de 40 días

En la práctica, el procedimiento se inicia con frecuencia mediante una difusión roja de Interpol que permite la localización y detención del reclamado —en un control de carretera, en un aeropuerto o en cualquier actuación policial ordinaria— antes incluso de que el Estado requirente presente la demanda formal de extradición. El artículo 8 de la Ley 4/1985 exige, para esta detención de urgencia, que la solicitud acredite la existencia de sentencia condenatoria o mandamiento de detención firmes. Detenido el reclamado, debe ser puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de guardia en un plazo máximo de veinticuatro horas. Dentro de las setenta y dos horas siguientes se celebra la vista de situación personal del artículo 505 LECrim, en la que nuestra defensa expone el arraigo familiar, laboral y social del reclamado en España para solicitar la libertad provisional frente a la prisión, y, en su caso, la sustitución de esta última por medidas menos gravosas: retirada de pasaporte, comparecencia periódica o fianza. El Estado requirente dispone, a partir de ahí, de un plazo improrrogable de cuarenta días para presentar la demanda formal de extradición; transcurrido dicho plazo sin ella, la prisión provisional decae automáticamente.

La fase gubernativa previa: el filtro del Ministerio de Justicia

Recibida la demanda formal —habitualmente por vía diplomática, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores—, se abre una primera fase de admisión regulada por los artículos 9 y 10 de la Ley 4/1985: el Ministerio de Justicia dispone de un plazo de ocho días para elevar al Gobierno una propuesta motivada sobre si el expediente debe continuar por la vía judicial, y el Gobierno cuenta con quince días para resolver, transcurridos los cuales, sin pronunciamiento expreso, la decisión corresponde al propio Ministerio de Justicia. Se trata de un filtro exclusivamente formal —control de la documentación remitida y de los requisitos externos de la solicitud—, en el que no se entra a valorar el fondo de la pretensión extradicional, pero cuya correcta tramitación dentro de los plazos legales revisamos en cada asunto, por cuanto la superación del plazo máximo de ochenta días de detención preventiva sin resolución debe determinar la puesta en libertad del reclamado.

La fase judicial ante la Audiencia Nacional: la comparecencia del art. 12 LEP

Autorizada la continuación por vía judicial, el Juzgado Central de Instrucción de turno cita al reclamado, a su letrado, al Ministerio Fiscal y, en su caso, al representante del Estado requirente, a la comparecencia del artículo 12 de la Ley 4/1985. En este acto, el reclamado debe manifestar, con expresión de sus razones, si consiente en la extradición o si pretende oponerse a ella. Nuestra defensa recomienda esta decisión únicamente tras un análisis exhaustivo del tratado aplicable, de la documentación remitida por el Estado requirente y de las eventuales causas de denegación concurrentes, por cuanto el consentimiento simplifica y acelera radicalmente la tramitación, mientras que la oposición abre una fase de instrucción de hasta treinta días para la práctica de prueba, seguida de una vista ante la Sección competente de la Sala de lo Penal. Concluida esta, el Tribunal debe resolver por auto motivado en el plazo improrrogable de tres días:

"...el Tribunal resolverá, por auto motivado, en el plazo improrrogable de los tres días siguientes a la vista, sobre la procedencia de la extradición."

El recurso de súplica ante el Pleno de la Sala de lo Penal

Contra el auto que resuelve sobre la procedencia de la extradición solo cabe recurso de súplica, que debe ser resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin que pueda actuar como ponente ninguno de los magistrados que dictaron la resolución recurrida —garantía de imparcialidad que la propia ley incorpora expresamente—. Se trata de la última vía de control judicial sobre el fondo del asunto, y por ello del momento procesal en el que concentramos con mayor intensidad la reformulación técnica de los motivos de oposición: doble incriminación, prescripción, riesgo de vulneración de derechos fundamentales en el Estado requirente, o cualquier otra causa de denegación imperativa o facultativa prevista en el tratado aplicable o en la propia Ley 4/1985.

La decisión final: el Consejo de Ministros

A diferencia de lo que ocurre en otros procedimientos judiciales, el auto que declara procedente la extradición no pone fin al asunto: la Ley 4/1985 mantiene la extradición como un acto de soberanía cuya decisión final corresponde al Poder Ejecutivo. El Gobierno puede, por tanto, denegar la entrega por razones de soberanía, seguridad, orden público o reciprocidad aun cuando la Audiencia Nacional haya declarado procedente la extradición, si bien no puede acordarla cuando el Tribunal la haya denegado, denegación que resulta en este caso definitiva y vinculante. Este carácter dual del procedimiento —control judicial de legalidad seguido de decisión política final— constituye una de las particularidades más relevantes de la extradición pasiva española, y la propia Audiencia Nacional ha destacado su función de garantía:

"...alcanza la categoría de mecanismo de tutela y garantía de los derechos y libertades de la persona..."

La vía paralela: la Orden Europea de Detención y Entrega

Dentro del espacio de la Unión Europea, el procedimiento clásico de extradición cede su lugar a la Orden Europea de Detención y Entrega, regulada por la Decisión Marco 2002/584/JAI y por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, articulada sobre el principio de reconocimiento mutuo entre autoridades judiciales: el plazo de tramitación es sensiblemente más breve, la decisión corresponde en exclusiva a la autoridad judicial —sin la intervención gubernativa final propia del régimen extradicional clásico— y el catálogo de causas de denegación, aunque más reducido, mantiene intactas las garantías esenciales del reclamado. Determinar desde el primer momento cuál de los dos regímenes resulta aplicable —extradición convencional o Euroorden— condiciona por completo la estrategia procesal a seguir.