Defensa por Administración Desleal de Patrimonios Ajenos en Marbella

De delito societario a delito patrimonial general: la reforma de 2015

Hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, la administración desleal se configuraba como un delito exclusivamente societario, regulado en el derogado artículo 295 CP, lo que dejaba fuera del reproche penal —o forzaba su reconducción artificiosa a la apropiación indebida— numerosos supuestos de gestión desleal de patrimonios ajenos sin vínculo societario alguno: el tutor que dilapida el patrimonio de su pupilo, el apoderado que excede las facultades conferidas en perjuicio del poderdante, o el albacea que administra torticeramente los bienes de una herencia. El legislador reconoció expresamente este error de ubicación sistemática y trasladó la figura al Título de los delitos patrimoniales, configurándola como un delito genérico aplicable a cualquier relación de administración, con independencia de que exista o no una sociedad mercantil de por medio.

Los tres orígenes de las facultades de administración

El artículo 252 CP identifica tres fuentes posibles de las facultades de administración cuyo exceso desencadena la responsabilidad penal, extremo que el Tribunal Supremo ha precisado con claridad:

"...los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas..."

Esta triple vía de atribución resulta determinante para identificar, en cada caso concreto, quién puede ser sujeto activo del delito: facultades emanadas de la ley, como las del tutor o el curador respecto del patrimonio de la persona protegida; facultades encomendadas por la autoridad, como las del administrador judicial o el depositario designado en un procedimiento; y facultades asumidas mediante negocio jurídico, como las del apoderado, el mandatario civil o el albacea testamentario. En todos los casos, la responsabilidad no depende de la denominación formal del cargo, sino de la existencia real de un poder de gestión sobre bienes ajenos.

Tutores y curadores: la administración del patrimonio de la persona protegida

El tutor o curador que administra el patrimonio de un menor o de una persona con discapacidad necesitada de apoyo puede incurrir en administración desleal cuando dispone de sus bienes o rentas en beneficio propio o de terceros, o cuando adopta decisiones de gestión patrimonial contrarias al interés de la persona protegida excediendo las facultades que la resolución judicial de constitución de la tutela o curatela le confiere. La especial vulnerabilidad de la persona cuyo patrimonio se administra, y el control judicial periódico al que estas instituciones están sometidas —rendición anual de cuentas, autorización judicial para actos de disposición relevantes—, constituyen tanto el origen habitual de la notitia criminis como elementos de prueba de primer orden en estos procedimientos.

Mandatarios civiles y apoderados: el exceso sobre las facultades conferidas

Quien recibe un poder notarial general o un mandato para administrar bienes, cuentas bancarias o inversiones de un tercero —supuesto frecuente entre familiares, especialmente en relación con personas de edad avanzada— puede incurrir en administración desleal cuando dispone de esos fondos para fines ajenos al mandato conferido, o cuando realiza operaciones que exceden manifiestamente el ámbito de representación otorgado. La correcta delimitación del contenido exacto del poder o del mandato —qué facultades se confirieron expresamente y cuáles no— constituye el primer objeto de prueba en estos procedimientos, y determina si la conducta cuestionada permanece dentro de los límites de una gestión discutible pero lícita o si, por el contrario, excede el ámbito de representación hasta el punto de resultar penalmente relevante.

Albaceas testamentarios y administradores de comunidades de propietarios

El albacea encargado de administrar y liquidar una herencia, o el administrador de una comunidad de propietarios que gestiona los fondos comunes, se encuentran igualmente sometidos al régimen del artículo 252 CP cuando, en el ejercicio de sus funciones, disponen de los bienes administrados de forma contraria al interés de los herederos o de la comunidad, causando un perjuicio patrimonial evaluable. En el caso de las comunidades de propietarios, la práctica judicial registra con cierta frecuencia procedimientos por administración desleal vinculados a la contratación de obras o servicios en condiciones manifiestamente perjudiciales para la comunidad, o al desvío de fondos destinados a derramas o al fondo de reserva hacia finalidades ajenas a su destino legal.