Sentencia absolutoria por delito continuado de falsedad documental en Marbella

Nuestra clienta, funcionaria del cuerpo de gestión procesal y administrativa, fue acusada por el Ministerio Fiscal de un delito continuado de falsedad en documento público, al atribuírsele la emisión de determinados documentos judiciales desde su usuario en el sistema informático de la Administración de Justicia, así como la falsificación de la firma de la magistrada titular del juzgado y de la letrada de la Administración de Justicia que constaban al pie de dichos documentos.

Nuestra estrategia de defensa desmontó la acusación desde dos frentes complementarios. En primer lugar, acreditamos que el hecho de que los documentos se hubieran emitido desde el usuario y contraseña de nuestra clienta no implicaba necesariamente que ella fuera su autora material, puesto que las claves de acceso al sistema eran conocidas por todo el personal del juzgado y estaban registradas de forma accesible para cualquier funcionario. En segundo lugar, sometimos a contraste el informe pericial caligráfico practicado en la causa, cuyas conclusiones —ratificadas en el plenario— determinaron que las firmas cuestionadas eran falsas por imitación, pero sin que la propia pericial pudiera pronunciarse sobre si habían sido trazadas por la mano de nuestra clienta, ya que ese extremo no formó parte del encargo pericial.

Frente a ello, el Ministerio Fiscal no aportó ningún testigo directo que hubiera presenciado a nuestra clienta firmando o emitiendo los documentos cuestionados, limitándose el reconocimiento de los hechos por parte de terceros a manifestaciones extrajudiciales realizadas sin la debida instrucción de derechos. El tribunal, aplicando el principio in dubio pro reo y con cita expresa de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la insuficiencia del valor probatorio de las declaraciones policiales no ratificadas en juicio con todas las garantías, concluyó que subsistía una duda razonable que impedía destruir la presunción de inocencia. El resultado fue una sentencia absolutoria íntegra, que declaró a nuestra clienta libre de toda responsabilidad penal por el delito continuado de falsedad documental del que se la acusaba, con declaración de costas de oficio.