Guía Práctica: Extradición Pasiva en España

Por Álvaro Heredia, Doctor en Derecho Penal, colegiado nº 10846 (ICA Málaga) — RAKH ABOGADOS, Marbella

Esta guía ofrece respuestas directas y fundamentadas a las dudas más complejas sobre extradición en España. Cada criterio se respalda con resoluciones reales de la Audiencia Nacional y su referencia ROJ para su cotejo en el CENDOJ.

¿Qué es la extradición y en qué se diferencia de la euroorden?

La extradición es el mecanismo legal mediante el cual España entrega a una persona a un Estado no perteneciente a la Unión Europea (como Rusia, EE. UU. o EAU) para su enjuiciamiento o para el cumplimiento de una pena. Si la petición procede de un Estado miembro de la UE, el instrumento aplicable es la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE o "euroorden"), que se rige por un procedimiento más agilizado y simplificado.

¿Cuál es la normativa aplicable a la extradición pasiva en España?

Conforme al artículo 13.3 de la Constitución Española, el marco normativo se articula a través de:

El Convenio Europeo de Extradición de París (1957): Ratificado por España en 1982.

La Ley 4/1985, de Extradición Pasiva (LEP): Como norma estatal supletoria y procedimental.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal y Convenios Bilaterales: Aplicables según el país requirente.

¿Cómo se estructura el procedimiento de extradición en España?

El proceso consta de dos fases claramente delimitadas:

Fase Gubernativa: La solicitud se recibe por vía diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores y pasa al Ministerio de Justicia. El Consejo de Ministros decide si autoriza la vía judicial.

Fase Judicial: El expediente se remite al Juzgado Central de Instrucción para tomar declaración y resolver sobre la prisión provisional. Posteriormente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determina la procedencia legal de la entrega.

¿Quién tiene la decisión final sobre la entrega de la persona reclamada?

La decisión final es de naturaleza política. Aunque la Audiencia Nacional declare procedente la extradición, la potestad última de ejecutar la entrega corresponde al Gobierno de España. Si la Audiencia Nacional la declara improcedente, el Gobierno queda obligado a denegarla.

¿Puede España denegar la extradición si el reclamado es ciudadano español?

Sí. El artículo 6.1.a) del Convenio Europeo permite denegar la entrega de nacionales en virtud del principio de reciprocidad.

Criterio jurisprudencial: En el AAN 1098/2019 (Sección 2ª), la Audiencia Nacional denegó la extradición a Rusia de un ciudadano que había obtenido la nacionalidad española por residencia antes de los hechos, tras haber renunciado formalmente a su nacionalidad de origen ante el Registro Civil de Marbella. Es imprescindible acreditar que la nacionalidad fue concedida con anterioridad al proceso extradicional.

¿En qué consiste el principio de doble incriminación?

Exige que los hechos imputados sean considerados delito tanto en el país requirente como en la legislación española, analizándose de forma individualizada para cada delito.

Criterio jurisprudencial: En el AAN 1631/2021 (Pleno), la Audiencia Nacional autorizó la extradición a Rusia por delito de venta de drogas (equivalente al art. 368 CP), pero la denegó respecto a la tenencia para autoconsumo, al ser una conducta no punible penalmente en España.

¿Qué delitos quedan excluidos de una extradición?

Se excluyen expresamente los delitos de naturaleza exclusivamente política, militar o fiscal, así como aquellas infracciones que no alcancen la pena mínima de un año de prisión.

Criterio jurisprudencial: En el AAN 10086/2021, se denegó la entrega a Rusia de un ciudadano belga reclamado por comercio irregular de piedras preciosas y evasión de tasas, al considerarse infracciones de carácter tributario y no extraditables.

¿Qué ocurre si el país requirente contempla la pena de cadena perpetua?

España no entrega a una persona si se expone a penas inhumanas o degradantes. Sin embargo, la cadena perpetua no impide automáticamente la entrega si el país de origen garantiza formalmente su revisión.

Criterio jurisprudencial: En el AAN 5941/2020 (Pleno), aplicando la doctrina del TEDH (Caso Hutchinson c. Reino Unido), la Audiencia Nacional condicionó la entrega a Rusia a que dicho Estado prestase garantías de que la pena no sería indefectiblemente de por vida y estarí a sujeta a mecanismos periódicos de revisión.

¿Es suficiente alegar deficiencias en el sistema penitenciario del país reclamante?

No basta con alegaciones genéricas. La jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Constitucional exige probar la existencia de un riesgo real, serio y concreto para la persona reclamada. En el AAN 5941/2020, se desestimó la oposición basada únicamente en informes generales sobre las prisiones rusas al no demostrarse una amenaza individualizada.

¿Cuál es la situación actual de las extradiciones solicitadas por Rusia?

Actualmente se encuentran suspendidas de facto en la vía administrativa.

Criterio jurisprudencial: En el AAN 7517/2025 (Sección 3ª, 3 de octubre de 2025), se confirmó el archivo provisional de un expediente extradicional tras la decisión de los Ministerios de Justicia y Exteriores de no tramitar solicitudes de las autoridades rusas debido a la situación internacional y su exclusión del Consejo de Europa. No obstante, al ser un archivo provisional, la causa puede reabrirse si cambia el contexto diplomático.

¿Cómo afrontar una orden de detención o requerimiento de extradición?

La estrategia defensiva debe fijarse antes de la primera comparecencia ante el Juzgado Central de Instrucción. Cuestiones críticas como la situación personal (libertad o prisión provisional), el arraigo, la verificación de nacionalidad o la exigencia de garantías internacionales deben articularse e ir acompañadas de prueba documental desde el primer momento.

¿Por qué es indispensable el asesoramiento de un letrado especializado?

El procedimiento de extradición no evalúa la culpabilidad del sujeto, sino el cumplimiento estricto de requisitos formales, convenios internacionales y derechos fundamentales. En RAKH ABOGADOS contamos con amplia experiencia en cooperación judicial internacional, gestión de alertas de Europol/Interpol y defensa especializada ante la Audiencia Nacional, con un alto índice de éxito en procedimientos complejos.